Sindicatos reclaman pacto educativo e inversión pública mínima del 6% del PIB

Posted on Actualizado enn

elecciones-educacion 27-01-2008
Los sindicatos principales de la enseñanza pública aspiran, en general, a que se alcance un pacto de Estado en la próxima legislatura que transmita estabilidad al sistema educativo y que el gasto de las administraciones en este sector sea, como mínimo, el 6 ó 7 por ciento del PIB.

Con vistas a las elecciones generales, FE-CCOO, STES, FETE-UGT, CSI-CSIF y ANPE están presentando sus propuestas a los partidos parlamentarios, a los que quieren enviar un mensaje claro: ‘prioridad’ para la enseñanza pública y condiciones socio-laborales dignas para el profesorado.

Entre las peticiones figuran la distribución ‘equilibrada’ de alumnos con dificultades de aprendizaje entre centros públicos y concertados; menos alumnos por aula; más profesorado y contratación de personal complementario especializado y un estatuto docente (que no cuajó en esta legislatura) que garantice una carrera profesional motivadora.

STES pide que la financiación alcance el 7 por ciento del PIB, al igual que FE-CCOO, que además desea que llegue al 2,1 por ciento en la universidad; FETE-UGT y CSI-CSIF apuntan al 6 por ciento y ANPE a un incremento que acerque a España a los primeros países de la OCDE.

En 2007 el gasto educativo de todas las administraciones fue el 4,36 por ciento del PIB, según estimaciones provisionales publicadas por el Ministerio de Educación; en 2004 la media de la UE era ya el 5,09 por ciento.

CCOO plantea un plan integral de atención al estudiantado inmigrante y otro de choque en la ESO contra el fracaso escolar, con medidas de prevención en Primaria, y una oferta suficiente de plazas públicas de primer ciclo de infantil (0-3 años).

Respecto a la universidad se muestra preocupado por la discriminación que pudieran generar los precios de los máster oficiales.

STES reivindica la paralización de los conciertos educativos con empresas privadas; eliminar la enseñanza escolar de cualquier religión y comisiones de escolarización en todos los municipios, con supresión de criterios de selección como la renta.

Su portavoz, Augusto Serrano, ha explicado a Efe la necesidad de un complemento de 275 euros mensuales para todos los docentes por la aplicación de la reforma educativa y la coyuntura social; igual titulación para ejercer en toda la enseñanza y reducción horaria desde los 55 años sin menos salario.

Según el secretario general de FETE-UGT, Carlos López Cortiñas, es fundamental que no se repita la crispación política y social de los últimos años y que las nuevas leyes autonómicas, además de llevar memoria económica, propicien pactos para que la educación vertebre y cohesione socialmente.

Para mejorar los resultados este sindicato pide que se potencie la ‘personalización’ de la educación, profundizar en la autonomía de los centros, potenciar la compresión lectora y, en definitiva, una atención adecuada a la diversidad.

En cuanto al primer ciclo infantil reclama que tenga carácter educativo y que se extienda su gratuidad y la red de escuelas.

CSI-CSIF, preocupado por la calidad en la Secundaria, ve necesarias medidas organizativas y pedagógicas en la promoción, itinerarios, ratios, escolarización, refuerzo de áreas instrumentales y una Alta Inspección del Estado efectiva.

Su presidente, Eliseo Moreno, arremete contra el Bachillerato ‘a la carta’, denuncia la ‘privatización’ de la enseñanza y alerta sobre la violencia escolar ‘de baja intensidad’ que padece el profesorado.

ANPE desea que los docentes tengan la consideración de ‘autoridad pública’ y medidas claras de convivencia y respeto; una ‘vuelta’ al rigor y al esfuerzo como valores educativos y una reforma realista de Secundaria que frene el fracaso escolar y prepare a los que sigan estudiando.

En relación con el estatuto docente los sindicatos insisten en la ampliación del período de aplicación de la jubilación voluntaria anticipada, promoción profesional con incentivos económicos atractivos, valoración de la experiencia en el acceso a la función pública y reducción de la temporalidad.

Terra Actualidad – EFE

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